Articulo #274
¿Diluir la crisis? El vino chileno frente a la peligrosa apuesta de los 8,5°
SEPTIEMBRE DEL 2026
La respuesta escogida por el Ministerio de Agricultura ha sido, entre otras medidas, avanzar en una dirección muy distinta. El 11 de septiembre de 2026 se publicó el Decreto N.º 68 del Ministerio de Agricultura, que modificó el reglamento de la Ley N.º 18.455 e incorporó una nueva categoría de vino especial: el “vino bajo alcohol”, elaborado exclusivamente sobre la base de zumo de uva parcial o totalmente fermentado —excluidas las uvas de mesa—, mediante prácticas enológicas autorizadas y con una graduación alcohólica real mínima de 8,5°.
Conviene comenzar despejando una confusión. La reforma no rebajó simplemente de 11,5° a 8,5° la graduación mínima de todo vino chileno. El vino tradicional conserva su definición reglamentaria. Lo que hizo el Decreto N.º 68 fue incorporar una nueva categoría especial que puede alcanzar una graduación considerablemente inferior. La distinción jurídica es necesaria. Pero no modifica nuestra preocupación de fondo. En Vinífera creemos que Chile ha escogido una respuesta equivocada para enfrentar un problema mucho más profundo.
No porque un vino de 8,5° sea necesariamente malo. Tampoco porque los vinos de menor graduación carezcan de espacio en el mercado contemporáneo. Y menos aún porque debamos cerrar los ojos ante los cambios en los hábitos de consumo. Existen regiones vitivinícolas del mundo donde vinos de baja graduación son productos extraordinarios y, en nuestro propio país, existen territorios fríos donde una menor concentración natural de azúcar puede producir vinos genuinos, equilibrados y profundamente representativos de su origen. Precisamente por eso creemos que la discusión debió ser otra.
Conviene comenzar despejando una confusión. La reforma no rebajó simplemente de 11,5° a 8,5° la graduación mínima de todo vino chileno. El vino tradicional conserva su definición reglamentaria. Lo que hizo el Decreto N.º 68 fue incorporar una nueva categoría especial que puede alcanzar una graduación considerablemente inferior. La distinción jurídica es necesaria. Pero no modifica nuestra preocupación de fondo. En Vinífera creemos que Chile ha escogido una respuesta equivocada para enfrentar un problema mucho más profundo.
No porque un vino de 8,5° sea necesariamente malo. Tampoco porque los vinos de menor graduación carezcan de espacio en el mercado contemporáneo. Y menos aún porque debamos cerrar los ojos ante los cambios en los hábitos de consumo. Existen regiones vitivinícolas del mundo donde vinos de baja graduación son productos extraordinarios y, en nuestro propio país, existen territorios fríos donde una menor concentración natural de azúcar puede producir vinos genuinos, equilibrados y profundamente representativos de su origen. Precisamente por eso creemos que la discusión debió ser otra.
Un vino que alcanza naturalmente 9° en una zona fría del sur de Chile no representa el mismo fenómeno vitivinícola que un producto diseñado industrialmente para alcanzar una graduación semejante en un territorio donde la uva madura naturalmente por encima de ese nivel. El primero puede constituir una expresión del territorio; el segundo constituye una decisión productiva y comercial. La regulación chilena decidió permitir ambas situaciones dentro de una misma categoría de alcance nacional. Ahí comienza nuestro desacuerdo.
El problema se vuelve todavía más relevante cuando observamos cómo se desarrolló la discusión. La evidencia disponible no permite afirmar que el Ministerio de Agricultura haya actuado sin ninguna consulta. Hubo una Comisión Nacional del Vino, hubo una instancia público-privada y participaron diversos representantes sectoriales. Pero los propios documentos oficiales muestran algo bastante más complejo: existieron desacuerdos relevantes, advertencias sobre fiscalización, preocupaciones por los pequeños productores y propuestas de soluciones territorialmente diferenciadas. Pese a ello, pocas semanas después la reforma avanzó hacia una solución general para todo el territorio nacional. Por eso nuestra crítica no consiste en afirmar que nadie fue escuchado. Consiste en preguntarnos quién fue escuchado, cuánto pesó cada posición y qué modelo de vitivinicultura terminó prevaleciendo.
El problema se vuelve todavía más relevante cuando observamos cómo se desarrolló la discusión. La evidencia disponible no permite afirmar que el Ministerio de Agricultura haya actuado sin ninguna consulta. Hubo una Comisión Nacional del Vino, hubo una instancia público-privada y participaron diversos representantes sectoriales. Pero los propios documentos oficiales muestran algo bastante más complejo: existieron desacuerdos relevantes, advertencias sobre fiscalización, preocupaciones por los pequeños productores y propuestas de soluciones territorialmente diferenciadas. Pese a ello, pocas semanas después la reforma avanzó hacia una solución general para todo el territorio nacional. Por eso nuestra crítica no consiste en afirmar que nadie fue escuchado. Consiste en preguntarnos quién fue escuchado, cuánto pesó cada posición y qué modelo de vitivinicultura terminó prevaleciendo.
Una reforma pensada desde la industria y no desde la agricultura
El acta de la Comisión Nacional del Vino celebrada el 9 de junio de 2026 resulta particularmente reveladora. Participaron representantes de Vinos de Chile, MOVI, ANIAE, Agrícola Central, Vidseca, Cooperativa Cepa Ancestral, Cuvas de Ninhue y la Cofradía del Mérito Vitivinícola, junto con organismos públicos como ODEPA, SAG, INDAP y ProChile. Hubo posiciones diferentes.
Vinos de Chile planteó la necesidad de equiparar las condiciones regulatorias nacionales con las de países competidores y destacó las oportunidades que los vinos de menor graduación podrían representar para territorios del sur y de la costa. Agrícola Central manifestó reparos y sostuvo que no debía avanzarse sin una fiscalización adecuada, poniendo especial atención en la relación entre cantidad de uva y volumen de vino y en el control del agua. Desde la Cofradía del Mérito Vitivinícola se sostuvo que reducir la graduación no solucionaría la crisis estructural y que aquellas zonas donde naturalmente resultara difícil alcanzar los 11,5° podían recibir un tratamiento particular. Es decir, la alternativa territorial existió dentro de la propia discusión oficial.
El acuerdo registrado al término de aquella reunión fue simplemente “avanzar en propuesta sobre la materia”. El Decreto N.º 68 fue firmado el 30 de julio. Creemos que esta secuencia merece una explicación más profunda por parte del Ministerio. ¿Cómo se pasó, en pocas semanas, desde una discusión que contenía objeciones sustantivas y alternativas territoriales hasta una categoría aplicable nacionalmente? ¿Dónde están los estudios de impacto que permitan determinar sus consecuencias diferenciadas para grandes viñas, bodegas medianas, cooperativas, productores independientes y pequeños viticultores?
¿Se evaluó qué efectos podría producir sobre la demanda de uva? ¿Se modeló su impacto potencial sobre los precios pagados al productor? ¿Se estudió territorialmente dónde tenía sentido producir naturalmente vinos de 8,5°, 9° o 10°? ¿Se evaluó la capacidad real del SAG para controlar una categoría que introduce nuevas posibilidades productivas en un mercado que ya presenta importantes dificultades de fiscalización? Son preguntas legítimas porque la vitivinicultura chilena no constituye una cadena económicamente homogénea.
Una empresa integrada verticalmente, con viñedos propios, capacidad de desalcoholización, laboratorios, plantas industriales, marcas, distribución y acceso a supermercados y mercados internacionales, enfrenta esta nueva categoría desde una posición completamente diferente a la de un pequeño productor que depende fundamentalmente del precio que recibe por un kilo de uva. Por ello nos preocupa especialmente la manera en que el Ministerio ha fundamentado públicamente la reforma.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, ha señalado que la posibilidad de elaborar vinos de menor graduación constituía una necesidad planteada desde hacía años por la industria y que corresponde al Ministerio generar condiciones para que productores e industria desarrollen sus negocios. No cuestionamos que un Ministerio de Agricultura deba generar condiciones para el desarrollo económico del sector. Evidentemente debe hacerlo. Lo que cuestionamos es que la política vitivinícola pueda terminar identificando los intereses de la industria elaboradora con los intereses de toda la vitivinicultura chilena.
No son necesariamente lo mismo. La política pública también debe preguntarse por el agricultor que vende uva, por la pequeña bodega, por los territorios vitivinícolas históricos, por quienes conservan viñedos viejos, por las cooperativas, por los productores que carecen de escala y por las comunidades rurales cuya economía depende de una viticultura cada vez menos rentable. Y existen antecedentes concretos que justifican esta preocupación.
En agosto, siete organizaciones de pequeños y medianos productores acudieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados para manifestar sus reparos frente a la modificación. Entre ellas se encontraban la Coalición Nacional de Viñateros, la Asociación Gremial de Pequeños Viñateros del Maule, organizaciones del Biobío, Itata y San Nicolás, una cooperativa campesina y Viñateras Bravas. Además, aquellas organizaciones no aparecieron repentinamente después de conocerse la medida. Ya en abril existían gestiones ante la Comisión de Agricultura de la Cámara relacionadas con la crisis que afectaba a la pequeña y mediana vitivinicultura de Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins y Valparaíso. Por eso creemos que el problema de representatividad es real.
No porque no hubiese diálogo institucional, sino porque una reforma de esta magnitud requería una participación territorial mucho más amplia y, sobre todo, demostrar de qué manera las observaciones de los actores económicamente más débiles fueron incorporadas en la decisión final. Una mesa público-privada no constituye por sí misma participación efectiva. La verdadera pregunta es quién termina incidiendo en la regulación.
Vinos de Chile planteó la necesidad de equiparar las condiciones regulatorias nacionales con las de países competidores y destacó las oportunidades que los vinos de menor graduación podrían representar para territorios del sur y de la costa. Agrícola Central manifestó reparos y sostuvo que no debía avanzarse sin una fiscalización adecuada, poniendo especial atención en la relación entre cantidad de uva y volumen de vino y en el control del agua. Desde la Cofradía del Mérito Vitivinícola se sostuvo que reducir la graduación no solucionaría la crisis estructural y que aquellas zonas donde naturalmente resultara difícil alcanzar los 11,5° podían recibir un tratamiento particular. Es decir, la alternativa territorial existió dentro de la propia discusión oficial.
El acuerdo registrado al término de aquella reunión fue simplemente “avanzar en propuesta sobre la materia”. El Decreto N.º 68 fue firmado el 30 de julio. Creemos que esta secuencia merece una explicación más profunda por parte del Ministerio. ¿Cómo se pasó, en pocas semanas, desde una discusión que contenía objeciones sustantivas y alternativas territoriales hasta una categoría aplicable nacionalmente? ¿Dónde están los estudios de impacto que permitan determinar sus consecuencias diferenciadas para grandes viñas, bodegas medianas, cooperativas, productores independientes y pequeños viticultores?
¿Se evaluó qué efectos podría producir sobre la demanda de uva? ¿Se modeló su impacto potencial sobre los precios pagados al productor? ¿Se estudió territorialmente dónde tenía sentido producir naturalmente vinos de 8,5°, 9° o 10°? ¿Se evaluó la capacidad real del SAG para controlar una categoría que introduce nuevas posibilidades productivas en un mercado que ya presenta importantes dificultades de fiscalización? Son preguntas legítimas porque la vitivinicultura chilena no constituye una cadena económicamente homogénea.
Una empresa integrada verticalmente, con viñedos propios, capacidad de desalcoholización, laboratorios, plantas industriales, marcas, distribución y acceso a supermercados y mercados internacionales, enfrenta esta nueva categoría desde una posición completamente diferente a la de un pequeño productor que depende fundamentalmente del precio que recibe por un kilo de uva. Por ello nos preocupa especialmente la manera en que el Ministerio ha fundamentado públicamente la reforma.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, ha señalado que la posibilidad de elaborar vinos de menor graduación constituía una necesidad planteada desde hacía años por la industria y que corresponde al Ministerio generar condiciones para que productores e industria desarrollen sus negocios. No cuestionamos que un Ministerio de Agricultura deba generar condiciones para el desarrollo económico del sector. Evidentemente debe hacerlo. Lo que cuestionamos es que la política vitivinícola pueda terminar identificando los intereses de la industria elaboradora con los intereses de toda la vitivinicultura chilena.
No son necesariamente lo mismo. La política pública también debe preguntarse por el agricultor que vende uva, por la pequeña bodega, por los territorios vitivinícolas históricos, por quienes conservan viñedos viejos, por las cooperativas, por los productores que carecen de escala y por las comunidades rurales cuya economía depende de una viticultura cada vez menos rentable. Y existen antecedentes concretos que justifican esta preocupación.
En agosto, siete organizaciones de pequeños y medianos productores acudieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados para manifestar sus reparos frente a la modificación. Entre ellas se encontraban la Coalición Nacional de Viñateros, la Asociación Gremial de Pequeños Viñateros del Maule, organizaciones del Biobío, Itata y San Nicolás, una cooperativa campesina y Viñateras Bravas. Además, aquellas organizaciones no aparecieron repentinamente después de conocerse la medida. Ya en abril existían gestiones ante la Comisión de Agricultura de la Cámara relacionadas con la crisis que afectaba a la pequeña y mediana vitivinicultura de Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins y Valparaíso. Por eso creemos que el problema de representatividad es real.
No porque no hubiese diálogo institucional, sino porque una reforma de esta magnitud requería una participación territorial mucho más amplia y, sobre todo, demostrar de qué manera las observaciones de los actores económicamente más débiles fueron incorporadas en la decisión final. Una mesa público-privada no constituye por sí misma participación efectiva. La verdadera pregunta es quién termina incidiendo en la regulación.
8,5° para todo Chile: el riesgo de confundir innovación con flexibilización
Existe una posibilidad que, a nuestro juicio, habría permitido conciliar innovación, mercado y territorio: reconocer vinos naturalmente bajos en alcohol vinculados a determinadas condiciones agroclimáticas. Chile posee una geografía vitivinícola extraordinariamente diversa. Las condiciones de maduración de una uva en sectores cálidos del Valle Central no son equivalentes a las existentes en determinadas áreas costeras, en Biobío, Itata o en las nuevas fronteras australes de la vitivinicultura. En esos lugares, una menor graduación puede ser justamente una expresión de autenticidad. ¿Por qué no construir desde allí una categoría distintiva?
¿Por qué no utilizar la baja graduación natural para valorizar nuevos terroirs, desarrollar indicaciones geográficas, promover viticultura austral, reconocer vendimias determinadas por climas fríos y transformar una aparente limitación productiva en una ventaja competitiva? Eso habría sido innovación territorial. En cambio, se optó por permitir la categoría desde Arica hasta Magallanes. Y sostenemos que allí existe un error estratégico.
La propia discusión oficial demuestra que esta alternativa territorial fue planteada. No estamos, por tanto, inventando retrospectivamente una solución. Estuvo presente en la conversación y finalmente no fue la opción escogida. Otro punto exige particular rigurosidad: el agua. El Decreto N.º 68 no autoriza a diluir libremente vino con agua hasta alcanzar 8,5°. Decirlo de ese modo sería incorrecto. El reglamento mantiene reglas específicas respecto de las prácticas enológicas permitidas, el uso limitado de agua para determinadas operaciones y los procedimientos autorizados para modificar el contenido alcohólico. Pero una cosa es lo permitido por la norma y otra la capacidad de fiscalizar lo que ocurre efectivamente en el mercado.
Agrícola Central planteó esta preocupación dentro de la propia Comisión Nacional del Vino. Organizaciones de productores han reiterado posteriormente sus temores respecto de adulteraciones, agua exógena y competencia desleal. El Ministerio ha respondido que existirán registros, avisos de cosecha, trazabilidad y análisis del SAG destinados, entre otras materias, a determinar genuinidad y detectar agua exógena. Entonces esos controles deberán ser rigurosos, transparentes y medibles. Porque ampliar las posibilidades regulatorias sin fortalecer simultáneamente la fiscalización puede producir exactamente el efecto contrario al buscado: erosionar la confianza en la categoría. Nos preocupa también el incentivo económico. No podemos afirmar anticipadamente que el Decreto N.º 68 provocará necesariamente una caída del precio de la uva. Esa relación deberá ser demostrada mediante datos. Pero tampoco podemos ignorar que organizaciones de viñateros han advertido precisamente ese riesgo.
En un mercado con sobrestock, caída del consumo y dificultades de rentabilidad agrícola, cualquier modificación que potencialmente altere la cantidad de materia prima necesaria para determinados productos debe ser evaluada considerando sus consecuencias sobre el productor. El punto central es quién captura el valor de la innovación. Una nueva categoría puede generar oportunidades comerciales. Pero si esas oportunidades se concentran fundamentalmente en quienes poseen tecnología, capital, escala, distribución y acceso a mercados mientras el productor primario continúa enfrentando precios insuficientes, entonces no estaremos solucionando la crisis de la vitivinicultura chilena. Estaremos solucionando una parte del problema de una parte de la industria. Y son cosas distintas.
Finalmente, con todo lo expuesto anteriormente, en Vinífera creemos que la creación del “vino bajo alcohol” desde 8,5° constituye una decisión que merece una revisión crítica mucho más profunda de la que hasta ahora ha recibido. No rechazamos los vinos de baja graduación. Al contrario: creemos que pueden representar una extraordinaria oportunidad para determinados territorios chilenos, especialmente aquellos donde una menor concentración alcohólica constituye una consecuencia natural del clima y de las condiciones de maduración. Precisamente por eso sostenemos que la categoría debió construirse desde el territorio y no simplemente desde la flexibilización del producto.
La documentación disponible demuestra que hubo una discusión público-privada, pero también demuestra que dentro de esa discusión existieron objeciones importantes, que se propusieron soluciones territoriales y que posteriormente organizaciones de pequeños y medianos viñateros recurrieron al Congreso porque consideraron insuficientemente representados sus intereses. La gestión del Ministerio de Agricultura debe evaluarse a partir de esos antecedentes.
Creemos que el ministro Jaime Campos y su cartera tienen la responsabilidad de explicar con mayor profundidad cuáles fueron los estudios económicos y técnicos que justificaron extender esta categoría a todo el territorio nacional; cómo fueron ponderadas las posiciones divergentes registradas en la Comisión Nacional del Vino; qué mecanismos específicos garantizarán que la nueva categoría no afecte negativamente la demanda y el precio de la uva; y qué recursos adicionales tendrá el SAG para fiscalizar eficazmente su implementación. La crisis del vino chileno no comenzó porque nuestros vinos tuvieran 11,5°. Y difícilmente terminará porque ahora podamos producirlos con 8,5°.
Nuestro problema fundamental continúa siendo otro: Chile necesita recuperar valor. Valor para la uva. Valor para el vino. Valor para los diversos valles vitivinícola. Valor para los viñedos históricos. Valor para los pequeños productores. Valor para las denominaciones de origen. Valor para nuestros paisajes vitivinícolas. Y valor internacional para una industria que durante demasiado tiempo ha debido competir utilizando el precio como una de sus principales ventajas. Por eso creemos que el camino para salir de la crisis no consiste simplemente en ampliar las posibilidades de producir vinos más ligeros, más baratos o tecnológicamente adaptados a nuevas tendencias de mercado.
Consiste en preguntarnos qué queremos que signifique el vino chileno durante las próximas décadas. Si la baja graduación nace naturalmente del territorio, defendámosla, reconozcámosla y transformémosla en identidad. Si responde a una innovación tecnológica, regulemos y fiscalicemos rigurosamente su elaboración. Si constituye una oportunidad comercial, evaluemos quién recibe efectivamente sus beneficios. Y si una modificación regulatoria puede afectar a miles de viticultores, asegurémonos de que ellos estén sentados en la mesa antes de adoptar la decisión, y no reclamando ante el Congreso después de que esta haya sido tomada.
Chile necesita innovación. Pero necesita, sobre todo, una política vitivinícola capaz de distinguir entre innovar para agregar valor e innovar simplemente para producir más barato. Confundir ambas cosas podría terminar siendo una nueva forma de diluir una crisis que lleva demasiado tiempo esperando soluciones de fondo.
Bibliografía y fuentes:
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto N.º 68 del Ministerio de Agricultura, publicado el 11 de septiembre de 2026. Modifica el Decreto N.º 78, de 1986, reglamento de la Ley N.º 18.455.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley N.º 18.455, que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto N.º 78 de 1986, Reglamento de la Ley N.º 18.455, texto vigente a septiembre de 2026.
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Acta de la Comisión Nacional del Vino, sesión de 9 de junio de 2026.
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). “Después de más de dos años, se vuelve a reunir la Comisión Nacional de la Vitivinicultura”, 11 de junio de 2026.
- Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Comisión de Agricultura. Oficio N.º 7/8/2026, 16 de abril de 2026, relativo a antecedentes presentados por organizaciones de la pequeña y mediana vitivinicultura.
- WIP. “Siete organizaciones pidieron a la Comisión de Agricultura fiscalizar el decreto y sostienen que una norma reglamentaria no puede rebajar el mínimo legal”, agosto de 2026.
- La Discusión. “Controversia por decreto que crea categoría de ‘vino bajo alcohol’”, 19 de agosto de 2026.
- Emol / Economía y Negocios. Antecedentes y declaraciones del ministro de Agricultura sobre la introducción de vinos de menor graduación, 14 de agosto de 2026.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Normativa vitivinícola vigente, Ley N.º 18.455 y disposiciones reglamentarias relativas a elaboración, genuinidad y fiscalización de vinos.
¿Por qué no utilizar la baja graduación natural para valorizar nuevos terroirs, desarrollar indicaciones geográficas, promover viticultura austral, reconocer vendimias determinadas por climas fríos y transformar una aparente limitación productiva en una ventaja competitiva? Eso habría sido innovación territorial. En cambio, se optó por permitir la categoría desde Arica hasta Magallanes. Y sostenemos que allí existe un error estratégico.
La propia discusión oficial demuestra que esta alternativa territorial fue planteada. No estamos, por tanto, inventando retrospectivamente una solución. Estuvo presente en la conversación y finalmente no fue la opción escogida. Otro punto exige particular rigurosidad: el agua. El Decreto N.º 68 no autoriza a diluir libremente vino con agua hasta alcanzar 8,5°. Decirlo de ese modo sería incorrecto. El reglamento mantiene reglas específicas respecto de las prácticas enológicas permitidas, el uso limitado de agua para determinadas operaciones y los procedimientos autorizados para modificar el contenido alcohólico. Pero una cosa es lo permitido por la norma y otra la capacidad de fiscalizar lo que ocurre efectivamente en el mercado.
Agrícola Central planteó esta preocupación dentro de la propia Comisión Nacional del Vino. Organizaciones de productores han reiterado posteriormente sus temores respecto de adulteraciones, agua exógena y competencia desleal. El Ministerio ha respondido que existirán registros, avisos de cosecha, trazabilidad y análisis del SAG destinados, entre otras materias, a determinar genuinidad y detectar agua exógena. Entonces esos controles deberán ser rigurosos, transparentes y medibles. Porque ampliar las posibilidades regulatorias sin fortalecer simultáneamente la fiscalización puede producir exactamente el efecto contrario al buscado: erosionar la confianza en la categoría. Nos preocupa también el incentivo económico. No podemos afirmar anticipadamente que el Decreto N.º 68 provocará necesariamente una caída del precio de la uva. Esa relación deberá ser demostrada mediante datos. Pero tampoco podemos ignorar que organizaciones de viñateros han advertido precisamente ese riesgo.
En un mercado con sobrestock, caída del consumo y dificultades de rentabilidad agrícola, cualquier modificación que potencialmente altere la cantidad de materia prima necesaria para determinados productos debe ser evaluada considerando sus consecuencias sobre el productor. El punto central es quién captura el valor de la innovación. Una nueva categoría puede generar oportunidades comerciales. Pero si esas oportunidades se concentran fundamentalmente en quienes poseen tecnología, capital, escala, distribución y acceso a mercados mientras el productor primario continúa enfrentando precios insuficientes, entonces no estaremos solucionando la crisis de la vitivinicultura chilena. Estaremos solucionando una parte del problema de una parte de la industria. Y son cosas distintas.
Finalmente, con todo lo expuesto anteriormente, en Vinífera creemos que la creación del “vino bajo alcohol” desde 8,5° constituye una decisión que merece una revisión crítica mucho más profunda de la que hasta ahora ha recibido. No rechazamos los vinos de baja graduación. Al contrario: creemos que pueden representar una extraordinaria oportunidad para determinados territorios chilenos, especialmente aquellos donde una menor concentración alcohólica constituye una consecuencia natural del clima y de las condiciones de maduración. Precisamente por eso sostenemos que la categoría debió construirse desde el territorio y no simplemente desde la flexibilización del producto.
La documentación disponible demuestra que hubo una discusión público-privada, pero también demuestra que dentro de esa discusión existieron objeciones importantes, que se propusieron soluciones territoriales y que posteriormente organizaciones de pequeños y medianos viñateros recurrieron al Congreso porque consideraron insuficientemente representados sus intereses. La gestión del Ministerio de Agricultura debe evaluarse a partir de esos antecedentes.
Creemos que el ministro Jaime Campos y su cartera tienen la responsabilidad de explicar con mayor profundidad cuáles fueron los estudios económicos y técnicos que justificaron extender esta categoría a todo el territorio nacional; cómo fueron ponderadas las posiciones divergentes registradas en la Comisión Nacional del Vino; qué mecanismos específicos garantizarán que la nueva categoría no afecte negativamente la demanda y el precio de la uva; y qué recursos adicionales tendrá el SAG para fiscalizar eficazmente su implementación. La crisis del vino chileno no comenzó porque nuestros vinos tuvieran 11,5°. Y difícilmente terminará porque ahora podamos producirlos con 8,5°.
Nuestro problema fundamental continúa siendo otro: Chile necesita recuperar valor. Valor para la uva. Valor para el vino. Valor para los diversos valles vitivinícola. Valor para los viñedos históricos. Valor para los pequeños productores. Valor para las denominaciones de origen. Valor para nuestros paisajes vitivinícolas. Y valor internacional para una industria que durante demasiado tiempo ha debido competir utilizando el precio como una de sus principales ventajas. Por eso creemos que el camino para salir de la crisis no consiste simplemente en ampliar las posibilidades de producir vinos más ligeros, más baratos o tecnológicamente adaptados a nuevas tendencias de mercado.
Consiste en preguntarnos qué queremos que signifique el vino chileno durante las próximas décadas. Si la baja graduación nace naturalmente del territorio, defendámosla, reconozcámosla y transformémosla en identidad. Si responde a una innovación tecnológica, regulemos y fiscalicemos rigurosamente su elaboración. Si constituye una oportunidad comercial, evaluemos quién recibe efectivamente sus beneficios. Y si una modificación regulatoria puede afectar a miles de viticultores, asegurémonos de que ellos estén sentados en la mesa antes de adoptar la decisión, y no reclamando ante el Congreso después de que esta haya sido tomada.
Chile necesita innovación. Pero necesita, sobre todo, una política vitivinícola capaz de distinguir entre innovar para agregar valor e innovar simplemente para producir más barato. Confundir ambas cosas podría terminar siendo una nueva forma de diluir una crisis que lleva demasiado tiempo esperando soluciones de fondo.
Bibliografía y fuentes:
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto N.º 68 del Ministerio de Agricultura, publicado el 11 de septiembre de 2026. Modifica el Decreto N.º 78, de 1986, reglamento de la Ley N.º 18.455.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley N.º 18.455, que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto N.º 78 de 1986, Reglamento de la Ley N.º 18.455, texto vigente a septiembre de 2026.
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Acta de la Comisión Nacional del Vino, sesión de 9 de junio de 2026.
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). “Después de más de dos años, se vuelve a reunir la Comisión Nacional de la Vitivinicultura”, 11 de junio de 2026.
- Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Comisión de Agricultura. Oficio N.º 7/8/2026, 16 de abril de 2026, relativo a antecedentes presentados por organizaciones de la pequeña y mediana vitivinicultura.
- WIP. “Siete organizaciones pidieron a la Comisión de Agricultura fiscalizar el decreto y sostienen que una norma reglamentaria no puede rebajar el mínimo legal”, agosto de 2026.
- La Discusión. “Controversia por decreto que crea categoría de ‘vino bajo alcohol’”, 19 de agosto de 2026.
- Emol / Economía y Negocios. Antecedentes y declaraciones del ministro de Agricultura sobre la introducción de vinos de menor graduación, 14 de agosto de 2026.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Normativa vitivinícola vigente, Ley N.º 18.455 y disposiciones reglamentarias relativas a elaboración, genuinidad y fiscalización de vinos.